Un año de la Política de Protección en Guatemala: Un desafío urgente para resguardar a quienes defienden derechos
En el marco del primer aniversario de la aprobación de la Política Pública de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos —instituida mediante el Acuerdo Gubernativo 198-2026, el 13 de noviembre del 2025. En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Defensor y Otros vs. Guatemala — la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA) hace saber:
Esta política representa un largo camino de construcción colectiva protagonizado históricamente por las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos, fuertemente impulsada por las querellantes del caso y la familia Gudiel Álvarez.
Celebramos que, tras 12 años de la sentencia se haya logrado la aprobación; sin embargo, a un año de esto, la UDEFEGUA advierte con preocupación la insuficiencia de acciones estatales contundentes para frenar las agresiones.
Desde su promulgación, UDEFEGUA ha registrado un total de 09 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos, con mayor impacto en quienes ejercen la labor de periodismo y la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Ante la creciente escalada de violencia generalizada y política, sumada al proceso electoral del próximo año, la respuesta del Estado no puede esperar: la prevención y la garantía de vida digna exigen una articulación real y coordinada entre el Ministerio de Gobernación, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y las demás instituciones del Estado involucradas en la prevención, protección y procuración de justicia de personas defensoras.
Hasta la fecha, los esfuerzos se han limitado a una serie de acciones de sensibilización de la política con personas funcionarias y comunidad defensora de derechos humanos, dejando pendientes indicadores claves de implementación y la instalación formal de los mecanismos de coordinación.
Por lo tanto, exigimos al Organismo Ejecutivo asumir su compromiso certero con la aplicación efectiva de la política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos, priorizando la conformación inmediata del consejo coordinador.
La política pública no debe quedarse en una declaración de buenas intenciones, sino traducirse en acciones concretas, recursos suficientes, responsabilidades institucionales definidas y mecanismos de seguimiento que garanticen su cumplimiento.
Instamos al Ministerio Público a articular esfuerzos interinstitucionales con el Ministerio de Gobernación, COPADEH y organizaciones de sociedad civil, para la reducción de casos de criminalización de personas defensoras, con énfasis en tierra, territorio y medio ambiente.
Reconocemos y celebramos la fuerza de la articulación que desde la comunidad defensora de derechos humanos se sostiene; les llamamos a tener una auditoría social activa y articulada para garantizar el seguimiento de la implementación de la política pública de protección a personas defensoras, para que este esfuerzo de tantos años se traduzca en protección real.
Seguiremos tejiendo redes de protección y vida para que quienes defienden el futuro de Guatemala puedan hacerlo con plenas garantías.
Guatemala, 12 de noviembre de 2026