Carta abierta al presidente de la república Alejandro Giammattei Falla
Hace seis años, el Estado de Guatemala fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Defensor de Derechos Humanos y otros por la violación de derechos humanos por no cumplir con la obligación de dar justicia, la de proteger y garantizar el derecho de organización. Entre las medidas a las que fue condenado, se incluyó la obligación de realizar una “Política de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos” de forma participativa y con contenidos integrales.
La protección integral a personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos es una obligación del Estado guatemalteco derivado del Acuerdo Global de Derechos Humanos (1994), la Declaración de Defensores de Derechos Humanos (1998), los compromisos adquiridos por el Estado en los Exámenes Periódicos Universales (2008, 2012 y 2017) y objeto de sendas recomendaciones por parte del sistema internacional e interamericano de derechos humanos. Esta obligación es reforzada por la sentencia el 14 de agosto del 2014 del caso Defensor de Derechos Humanos.
No obstante, a la fecha de hoy, el Estado de Guatemala ha sido incapaz de desarrollar un proceso que permita tener una política pública de protección que cumpla con los estándares de la sentencia “Defensor de Derechos Humanos y otros vs Guatemala”. Durante su gobierno, no se ha reunido ni una vez la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, la COPREDEH fue disuelta y nunca se contó con un documento oficial que recogiera los consensos y disensos obtenidos a través del diálogo con funcionarios públicos y expertos de sociedad civil por más de cuatro años y, el Ministerio Público fragmentó la respuesta institucional a sus obligaciones de investigación.
De hecho, de la fecha de la sentencia a hoy ha habido 2,093 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, más de 70 personas han sido asesinadas en represalia por su acción de defensa de derechos humanos, los y las periodistas siguen siendo censurados y cientos de personas sufren las consecuencias de la criminalización. Guatemala es uno de los países más violentos para las personas y comunidades que defienden el territorio y un ambiente sano. Nuestro país es uno de los pocos países del mundo donde de forma sistemática se ataca la independencia judicial y donde defender derechos a través de la lucha contra la corrupción y la impunidad significa una denuncia judicial espuria y la difamación sistémica.
El vacío generado por la forma en que cerró COPREDEH y la incertidumbre de quién desde el Estado honrará los compromisos internacionales de proteger de forma integral a las personas defensoras de derechos humanos hace que nosotras, las peticionarias del caso, le exijamos públicamente que:
- dignifique la labor de defensa de derechos humanos haciendo énfasis en su respeto a la labor de todos los periodistas, la de defensores indígenas y la de fiscales, jueces y magistrados que ejercen su labor de forma independiente y garantizando el Estado de Derecho.
- tome acciones inmediatas para definir cómo se retomará la acción del Grupo Promotor de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
- Detenga inmediatamente las acciones de censura contra periodistas, las expresiones difamatorias contra grupos defensores de derechos humanos y toda acción que vulnere a defensores de derechos humanos en sus territorios.
Makrina Gudiel Álvarez / Claudia Virginia Samayoa Pineda
Guatemala, 28 de agosto de 2020