La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala -UDEFEGUA- a la opinión pública nacional e internacional expresa:
Con fecha 28 de febrero del 2023, durante el desarrollo de la audiencia de primera declaración del director del medio de comunicación denominado “El Periódico”, Lic. José Ruben Zamora ante el Juez de primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, Jimi Brener Ramírez, se indicó por parte de la fiscal del Ministerio Público Cinthia Monterroso que dentro de dicha causa penal se había cometido el delito de conspiración para la obstaculización de la Justicia, por parte de otros seis periodistas, mencionando a Gonzalo Fernando Marroquin Godoy; Jerlin Alexander Valdez; Denis Obdulio Aguilar González; Rony Andrés Ríos García; Julia Catalina Corado Flores y Gerson Allende Ortíz a quienes se les solicitó certificar lo conducente.
Esta solicitud se basó en supuestos ataques que las personas realizaron en contra de la fiscal general y jefa del entonces Ministerio Público, Consuelo Porras, argumentando que debido a sus publicaciones se generaba dentro de la población guatemalteca un rechazo hacia su función como fiscal general.
Luego de esta audiencia, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala -UDEFEGUA- inicia con la defensa legal de las personas periodistas que estaban siendo sindicadas por el ente fiscal, asumiendo así su defensa técnica legal.
El 8 de enero del 2024, Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente determinó que la acusación realizada por el Ministerio Público no debía llevarse por la vía penal, sino que debía conformarse un tribunal de imprenta, según lo regula la Ley de Emisión del Pensamiento para este tipo de acusaciones.
Ante esta resolución judicial, el ente fiscal continuó con su proceso de criminalización, presentando recursos legales ante una Sala de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, quienes en sus respectivos fallos confirmaron lo dicho por el tribunal Quinto Penal: llevar el caso por la vía del tribunal de imprenta.
Por último, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por el entonces fiscal Rafael Curruchiche, presentó un recurso de apelación de sentencia en amparo ante la Corte de Constitucionalidad, continuando así con su intención de criminalización. Sin embargo, el Ministerio Público, bajo la dirección del nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, solicitó el desistimiento del recurso presentado anteriormente, con lo cual la Corte ordenó el cierre del proceso penal, terminando así con la persecución penal en este caso de criminalización.
La persecución penal iniciada por el Ministerio Público de Consuelo Porras en contra de personas columnistas y periodistas mencionadas en este proceso violó claramente lo establecido en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece en su párrafo segundo: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.”
La UDEFEGUA manifiesta su preocupación porque los ataques a personas periodistas constituyen una de las tres categorías más atacadas durante el año 2025 según nuestros registros, representando el 34.8% del total de casos registrados.
Este caso fue desde un inicio un claro intento por parte del ente fiscal de callar e intimidar a la prensa independiente en el país, causando que muchas de las personas imputadas debieran salir al exilio, lo que conllevó serias afectaciones a su vida personal y profesional.
Ante estas acciones a todas luces ilegales y antidemocráticas, la UDEFEGUA reitera su condena y rechazo a la criminalización de periodistas y columnistas y reafirma su compromiso de acompañar a personas defensoras en el derecho a defender derechos humanos, esperando que luego de esta batalla legal el sistema de justicia adopte las medidas necesarias para la no repetición de procesos de criminalización en contra de la prensa independiente y garantice el libre ejercicio del periodismo en todo el territorio nacional.
Guatemala, 30 de junio de 2026.