La paz se construye con la garantía de los derechos humanos
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), sostiene que para la construcción de una verdadera democracia se requiere de la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz.
En esta fecha conmemorativa de la histórica firma de los Acuerdos de Paz, en donde se puso fin a más de 30 años de Conflicto Armado Interno (CAI), es importante retomar el compromiso del Estado con ese conjunto de doce acuerdos. Estos fueron firmados para garantizar la construcción de la paz y democracia en Guatemala.
El debilitamiento de las instituciones de paz, impulsado por actores antidemocráticos, ha obstaculizado la construcción de la paz en Guatemala. Es urgente cumplir con los Acuerdos de 1996 para asegurar una vida digna que garantice salud, educación, vivienda y trabajo, bajo principios de equidad y paridad.
Asimismo, el Estado debe garantizar el derecho a la verdad, la memoria histórica y el acceso a la justicia para las víctimas y sobrevivientes de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el CAI.
La lucha y defensa de los derechos humanos fundamental para la construcción de la democracia y paz en Guatemala. Sin embargo, en los últimos años esta labor ha estado siendo afectada por el significativo aumento de agresiones a personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos.
Durante 2024, UDEFEGUA documentó 4,133 agresiones, principalmente actos de criminalización contra operadores de justicia, periodistas o comunicadores sociales y personas en el acceso a la justicia. Este periodo registró además un alarmante incremento de 28 asesinatos, principalmente de personas de pueblos indígenas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente, crímenes que permanecen impunes debido a la cooptación del sistema judicial.
Esta persecución se traduce hoy en prisión, acoso, hostigamiento, criminalización y amenazas, obligando a una gran cantidad al exilio para salvaguardar su vida.
Ante esta lamentable situación y para garantizar la protección de personas, organizaciones y comunidades defensoras, el pasado 13 de noviembre el ejecutivo firmó la Política Pública de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Este instrumento busca establecerse como el primer mecanismo de protección integral para garantizar que las personas, organizaciones y comunidades defensoras puedan continuar con su importante labor.
Esta política surge en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Guatemala, como una garantía de no repetición en el caso Defensor y Otros vrs. Guatemala. Contempla tres pilares básicos: prevención, protección y procuración de justicia. Confiamos en que esta política logre ser efectiva para la reducción de agresiones a personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos.
En este día, en el marco del aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz, instamos a las instituciones del Estado responsables de la implementación de la Política Pública de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos a avanzar en la coordinación y ruta de implementación. Asimismo, exhortamos al Estado a retomar el camino para fortalecer las instituciones de la paz y que se pueda garantizar el trabajo de estas.
El año 2026 será decisivo para la defensa en la construcción de la democracia; llamamos a la ciudadanía y a la comunidad defensora de derechos humanos a organizarse para vigilar que los procesos de designación de segundo nivel se puedan llevar a cabo con transparencia, con acceso a la población y con la participación de personas probas para los distintos cargos.