#190PeríodoCIDH Situación de la libertad de expresión y la libertad académica en la USAC
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El martes 9 de julio se llevó a cabo la audiencia titulada «Situación de la libertad de expresión y libertad académica en Guatemala por el caso: Toma Usac», ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta audiencia fue solicitada por Convergencia por los Derechos Humanos y el Comité Campesino del Altiplano CCDA, y contó con la participación de COPADEH, el Ministerio Público (MP) y representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Jorge Santos, coordinador general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), en nombre de Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala, estuvo presente junto a Lucía Terrón, docente de la Facultad de Ciencias Médicas; Neidy Juracán Maya Cachiquel, exrepresentante estudiantil defensora de derechos indígenas y campesinos, coordinadora general del Comité Campesino del Altiplano (CCDA); Wendy López Maya Kachiquel, abogada de UDEFEGUA defensora de estudiantes y periodistas perseguidos penal y administrativamente por la Universidad de San Carlos; y Luis López, estudiante de Medicina Veterinaria y Economía.
Estas organizaciones expusieron antecedentes, contexto y preocupaciones sobre la libertad de expresión y la libertad académica en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Denunciaron el deterioro y cooptación de esta institución, la única universidad pública del país, debido a años de represión contra el Movimiento Universitario, clave en la lucha por diversas reivindicaciones históricas.
“La crisis enfrentada es el producto de años de cooptación, saqueo y abandono de la academia, en 2020, un ex rector y quien en ese entonces se encontraba en el cargo de rector, fueron vinculados y ligados a proceso por la ex jueza de mayor riesgo ´´D´´, Erika Aifán, por el caso comisiones paralelas 2020, se les acusó de influir indebidamente en el proceso de elección de Magistrados a las Salas de la Corte de Apelación y magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
Lucia Terron.
Contexto
Según el último informe de UDEFEGUA, situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos en 2023, se registraron 9,496 agresiones, reflejando un patrón sistemático destinado a silenciar a quienes defienden derechos mediante prisión política, clandestinidad o exilio.
Este año estuvo marcado por ataques al proceso electoral e intentos de golpes de Estado, frenados por la defensa de la democracia durante el paro nacional convocado por autoridades indígenas. Por lo que las organizaciones también expusieron patrones de agresión contra defensores de derechos humanos en la universidad y cuestionaron la legitimidad de las autoridades universitarias actuales.
El Ministerio Público ha sido criticado por atacar no solo a defensores individuales, sino también por su inclinación a criminalizar y utilizar la venganza como medio contra periodistas, estudiantes, pueblos indígenas y abogados defensores de personas criminalizadas.
En cuanto a la Universidad de San Carlos, se mencionó el caso conocido como «USAC, Botín Político», presentado en noviembre de 2023 por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, que carece de fundamentos fácticos y jurídicos sólidos y ha sido percibido como un intento de golpe de Estado.
El 2024, ha estado marcado por una reorganización de la élite de poder y grupos criminales, estos han optado por cerrar filas para retomar el control del Estado, en este marco continuar con la Universidad intervenida les garantiza acceder a una cuota de poder importante.
Irregularidades
El proceso de elección del rector de la USAC en 2022 estuvo marcado por serias irregularidades y denuncias de fraude, lo cual desencadenó protestas masivas y ocupaciones de centros universitarios. El Consejo Superior Universitario, excluyó planillas opositoras de la Facultad de Agronomía y de varios colegios profesionales, con el único fin de beneficiar a los electores afines a Walter Mazariegos.
Esto generó protestas y la suspensión temporal de las elecciones. Finalmente, bajo la protección de un amparo provisional, se llevó a cabo la elección el 14 de mayo de 2022, caracterizada por la represión violenta y el uso desproporcionado de la fuerza de la Policía Nacional Civil y grupos paramilitares contra manifestantes.
Solo 72 de los 170 electores participaron, todos afines a Mazariegos, en un proceso que evidenció coacciones e intimidaciones para asegurar su elección. Este contexto resalta la manipulación y violencia utilizadas para cooptar el gobierno universitario, socavando la autonomía y democracia en la USAC.
Las denuncias de fraude en las elecciones de rector de la USAC en 2022 generaron movilizaciones masivas exigiendo al Consejo Superior Universitario, no dar posesión a Walter Mazariegos Biolis y convocar nuevas elecciones, demandas que fueron ignoradas.
Los grupos afectados presentaron cinco recursos de nulidad, denunciando vicios como la elección en fecha incorrecta, fraude y la falta de calificaciones de Mazariegos para el cargo, ya que no cumplía con el requisito de cinco años de docencia.
El CSU rechazó estos recursos, profundizando la crisis institucional y vulnerando la autonomía universitaria. Esta situación desencadenó la ocupación de varios centros universitarios de mayo de 2022 a junio de 2023, en protesta por la falta de transparencia y el deterioro del Estado de derecho en la universidad.
Patrones de agresión
Estos en contra de personas defensoras de derechos humanos, identificando que existe una estrategia compuesta por tres elementos en contra de la participación pública, ataques a la libertad académica y libertad de expresión:
- Censura de voces críticas en la USAC, se han empleado actos de violencia e intimidación, incluyendo agresiones físicas, reglamentos contrarios a estándares internacionales, amenazas de desalojo y el uso de grupos paramilitares.
- Patrones de agresiones en contra de personas y colectivos que defienden derechos humanos en la Universidad
- Representaciones ante el Consejo Superior Universitario en funciones fuera del plazo para el que fueron electos.
La represión ha generado graves consecuencias tanto a nivel individual y colectivo, genera autocensura, varias personas han sido forzadas al exilio por el riesgo de ser criminalizadas o las amenazas a su integridad personal, esto ha implicado que el proyecto de vida de estudiantes, docentes e incluso abogados defensores se vea amenazado y frustrado.
Además existe un retroceso grave en materia académica, se han vulnerado derechos humanos como el acceso a la educación, derecho a elegir y ser electo, derecho a la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación.
Las consecuencias personales de la persecución judicial y amenazas incluyen desmotivación y miedo laboral, impactando negativamente en el desempeño y la salud física y mental. La lucha por la autonomía ha generado pérdidas económicas significativas, gastos adicionales en terapia psicológica, medicamentos y asesorías legales.
Solicitud a la Ilustre Comisión de Derechos Humanos
- Primero. Que le solicite al Estado que mientras no se dilucide la legitimidad de las autoridades, no puede atribuírsele un aumento en el presupuesto, a pesar de que esta es una reivindicación histórica por el 5%.
- Segundo. Solicite al Estado Guatemalteco el cese en definitiva de la persecución penal y administrativa en contra de la comunidad universitaria, así como la restitución de los derechos de las personas expulsadas.
- Tercero. Que solicite al Estado garantizar las no represalias en contra de las personas presentes y en contra de la comunidad universitaria;
- Cuarto. Que valore las solicitudes de medidas cautelares en favor de la comunidad universitaria y en su momento se amplié para otros estudiantes.
- Quinto. Que la Comisión considere reunirse con las personas perjudicadas en el marco de su visita in loco.
Respuestas del Estado
En la audiencia se presentó la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos COPADEH, Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Gobernación, y representantes del Ministerio Público (MP) y de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
El director ejecutivo de COPADEH, Oswaldo Samayo, expresó, resalta que el gobierno de este año, electo para el año 2024-2028, es respetuoso de la independencia de poderes a lo interno. Saben que la representación internacional descansa en el organismo ejecutivo, así mismo buscan ser responsables, respetar por un lado la independencia funcional que tiene el Ministerio Público y, por otro, la autonomía sobre la cual la Universidad de San Carlos trabaja.
No se desconoce que derivado del proceso de elecciones dentro de la universidad una serie de hechos han venido sucediendo y que han puesto en una crisis a esta en términos de discusiones entre sus autoridades, con estudiantes, con profesores y con la sociedad también en general.
Ministerio Público
En representación estuvieron; Lic. Eduardo Mejía Calito, secretario de asuntos internacionales y cooperación, y Miguel Estuardo Ávila, secretario contra la corrupción, ambos representantes del Ministerio Público (MP).
Expresaron que el Ministerio Público actúa conforme a la ley y señaló que las denuncias presentadas por la toma de las instalaciones de la universidad no criminalizan la protesta social.
Quienes ante los argumentos antes presentados por los peticionarios de la audiencia, negaron la existencia de cualquier estrategia para silenciar a personas o colectivos que defienden derechos humanos, así como utilizar acciones judiciales para acosarles, de igual manera rechazaron todo tipo de señalamiento relacionado a la criminalización en el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y académica por intentar afectar la autonomía de las instituciones académicas.
Expresaron que las investigaciones y acciones que viene efectuando el ministerio público en el caso de la Universidad de San Carlos no se debe a una resistencia pacífica se debe a que las instalaciones del Campus central fueron tomadas de forma ilícita del 19 de mayo de 2022 Hasta el 9 de junio de 2023, por supuestos estudiantes, catedráticos, sindicalistas y otras personas nacionales y o extranjeras de tinte político.
Quienes cerraron las entradas a dicho Centro de Estudios invadiendo y ocupando ilícitamente las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala impidiendo el ingreso a las autoridades de la misma al personal docente personal administrativo estudiantes y público en general Quienes no pudieron Ingresar a sus actividades impidiéndoles que se brindara mantenimiento respectivo a dicho centro todas estas acciones constituyeron delitos, expresaron.
“Estamos en una fase de investigación por lo tanto si hay indicios racionales suficientes para autorizar allanamientos u órdenes de aprehensión”.
Ministerio Público.
Comisión Interamericana CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresó su preocupación por la pérdida de autonomía de las instituciones, en perjuicio de la ciudadanía y la libertad académica.
Además, llamó al Estado a facilitar un diálogo amplio en el marco de la próxima visita de la comisión a Guatemala, así como a no tomar represalias contra las organizaciones participantes de la audiencia.
Observaciones y recomendaciones
La comisionada Andrea Pochak, Relatora para Guatemala, fue enfática en cuestionar si existe un compromiso fuerte de las instituciones autónomas que forman parte del Estado, para hacerse responsables por violación de Derechos Humanos y de cumplir con su defensa.
“Guatemala está siendo observada internacionalmente por el avasallamiento a los derechos de las personas defensoras de Derechos Humanos y por la instrumentalización de la justicia, no se nos ocurre a nosotros, no es un invento, son hechos concretos que implican la cantidad de personas defensoras de Derechos Humanos que están criminalizadas, que han tenido que salir del país”.
Andrea Pochak, Relatora para Guatemala
Estamos realmente muy preocupados por cómo se instrumentaliza la autonomía Universitaria y la independencia judicial en contra de los derechos de los ciudadanos. Expresó Pochak.
Por otra parte, el Relator Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, expresó que, hay una alegación muy fuerte sobre legalidad y legitimidad de las autoridades de la Universidad a cargo en este momento, lo cual es una incertidumbre que se ha mantenido en el tiempo.
Ante algunos amparos desestimados, cuestionó si esas acciones judiciales están teniendo en cuenta las alegaciones de la sociedad civil y porqué fueron desestimados.
El relator, lamentó que ninguna autoridad del Estado, se haya referido a un aspecto tan grave que tiene que ver con la inviolabilidad del espacio académico, el uso de armas y actores armados, mencionados por los solicitantes de la audiencia. Por lo que resaltó la importancia de una investigación de protección a las personas que estuvieron frente estos.
Así también, evidencia la urgencia que el Estado, la universidad y el ministerio público, deben de preservar los principios de libertad y de espacio académico, incluye naturalmente que este tipo de actores no pueden hacer parte de un lugar donde se aspira que hay un debate libre, ideas y de violencia.
Invitó al Ministerio Publico a considerar el párrafo 142 del informe protesta de derechos humanos de la de la comisión, también en el párrafo 147.
Este menciona que “las formas de protesta son variadas que incluyen de forma legítima, entre otras, las ocupaciones ya sea de un edificio público o privado”. Ya que estas han sido ejercicios de protesta pacíficas que, al menos, en cuanto lo plantean la parte peticionaria estaría enmarcado dentro del nivel de protección que a nivel internacional se ha dado y es necesario verificarlo».
“La incertidumbre de la legitimidad de las autoridades universitarias se mantienen en el tiempo, es un asunto que está implicando medidas de persecución criminal contra personas que alegan estar protestando y creo que esto debe ser de la más alta prioridad para cualquier estado democrático”.
Pedro Vaca. RE | CIDH
Previo a finalizar la audiencia, Andrea Pochak, realizó un importante llamado a las autoridades presentes para que no exista ningún tipo de represalia con las personas que se presentaron a la audiencia y que brindaron su testimonio. Así mismo, resaltó que esperan un diálogo productivo durante la próxima visita de la comisión en Guatemala.
“Sabemos que la crisis de legitimidad de la universidad es también parte del proceso de designación de altas cortes en Guatemala por eso la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional en este momento están muy atentas y no van a permitir nuevas irregularidades”.
Andrea Pochak, CIDH.