Criminalización de personas defensoras de derechos humanos como estrategia de venganza
Detención de Leocadio Juracán: Una estrategia de criminalización en contra la defensa de derechos humanos y pueblos originarios.
El Comité Campesino del Altiplano -CCDA- es una organización que nace en los años 80 para la defensa de los derechos humanos. Ha acompañado a miles de comunidades a lo largo del país, en la lucha por la reivindicación de la tierra y la erradicación de la desigualdad. A lo largo de este camino, sus integrantes han tenido que enfrentar amenazas, hostigamiento, criminalización y desalojos, que se han revestido de acciones violentas.
Leocadio Juracán Salome es un incansable defensor de derechos humanos, quien durante mucho tiempo estuvo al frente del CCDA. También se desempeñó como diputado en el periodo 2015-2019, desde donde continuó con la lucha de los pueblos y su constante defensa de los derechos humanos.
Durante la última visita del Relator de Naciones Unidas por el acceso a la vivienda digna, Balakrishnan Rajagopal, quien visitó el país del 14 al 25 de julio, sostuvo reuniones con integrantes del CCDA para abordar el fenómeno de los desalojos que las comunidades han enfrentado a lo largo de los años. Estas reuniones fueron vitales para evidenciar las agresiones que han sufrido las comunidades defensoras. El comunicado que se emite luego de la visita del relator, da cuenta de las graves violaciones a Derechos Humanos que se cometen por parte del sistema de justicia, específicamente de la Fiscalía de Usurpación del Ministerio Público, creada con el fin de criminalizar la defensa de los pueblos indígenas y su derecho ancestral a los territorios.
El miércoles 13 de agosto, cuando Leocadio Juracán se dirigía a Johannesburgo para participar en una conferencia sobre derechos humanos, fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora y trasladado a Torre de Tribunales. La audiencia de conocimiento de cargos se desarrolló el jueves 14, a las 8:30 horas. En la misma, se le informó de los delitos que se le imputan, siendo estos: atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, usurpación agravada, recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación e incendio forestal.
Preocupa que el caso tenga control jurisdiccional en Izabal, donde se tiene evidencia de la colusión entre jueces y actores locales. Por lo mismo, exigimos:
- Que cesen los procesos de criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas.
- Que se garantice un proceso apegado a derecho para Leocadio Juracán, en donde pueda garantizar su derecho a defensa.
- Que se asegure la protección de su seguridad e integridad física durante y después de su traslado al departamento de Izabal.