DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA: UNA LABOR BAJO ASEDIO CERCADA POR LA VIOLENCIA Y LA IMPUNIDAD
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), en cumplimiento de su misión de monitoreo y acompañamiento, hace público el informe de situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos 2025. Bajo el título: “Comunidades que resisten: Criminalización, estigmatización y asesinato”, evidenciando las cifras de agresión y el contexto en el que la defensa de derechos humanos se realiza en el país.
A pesar de que el 2025 representa el segundo año de gestión del gobierno actual, el cual abiertamente ha manifestado su posicionamiento a favor de la defensa de derechos humanos y el diálogo con sectores en vulnerabilidad, resulta alarmante que las cifras de agresión a personas, organizaciones y comunidades defensoras no presenten una disminución. La persistente cooptación del sistema de justicia ha generado un aumento en los casos de criminalización y ha devenido en la impunidad de la investigación de agresiones que se cometen contra personas defensoras.
La criminalización de liderazgos indígenas y la instrumentalización del sistema de justicia como mecanismo de castigo contra las personas defensoras de la democracia continúa siendo la forma de operar de actores estatales como el Ministerio Público y diversas judicaturas del Organismo Judicial. Es necesaria una depuración del sistema de justicia para garantizar que las personas que estén al frente respondan a las necesidades de la población y a la garantía de los derechos humanos.
UDEFEGUA registró un aumento del 26.7% en las agresiones en comparación con el año anterior, documentando un total de 5,238 agresiones durante el 2025. De este total, 1,605 se dirigieron contra mujeres defensoras. En este sentido, recalcamos que su protección no debe limitarse a las acciones individuales, sino que constituye una obligación del Estado como garante de derechos fundamentales.
Del total del registro, el 96% de agresiones ocurrió en el ámbito digital, donde el discurso de odio, la difamación y el hostigamiento continúan siendo las prácticas predominantes. Sin embargo, la gravedad de las agresiones que se cometen en el espacio físico es alarmante, debido a que se registraron 12 asesinatos y 8 intentos de homicidio. Estos datos evidencian que la violencia en el ámbito digital escala hasta el plano físico, siendo incluso letales. Nuevamente, las personas pertenecientes a pueblos indígenas y quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente son las principales afectadas por estos ataques fatales.
Resulta particularmente preocupante que una de las categorías más impactadas sea la de periodistas y personas comunicadoras sociales. Del total de casos, 1,840 se cometieron en contra de este sector, representando el 35.13% de las agresiones. En un Estado democrático, la libertad de prensa y de expresión son pilares de los derechos fundamentales; ante ello, UDEFEGUA enfatiza que la protección debe ser garantizada, priorizando a las personas que desempeñan una labor periodística o de comunicación en el ámbito de investigación objetiva y crítica, aportando a la transparencia y auditoría social.
El 13 de noviembre del año 2025 se firmó el acuerdo 198-2025 que da vida a la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala 2025-2035. Al ser el primer mecanismo de atención integral para quienes defienden derechos humanos, UDEFEGUA hace el llamado al Ministerio de Gobernación en su calidad de ente rector de la política, para que se inicien a la brevedad posible las acciones concretas de implementación que impacten directamente en la disminución de las agresiones que hoy están enfrentando las personas, organizaciones y comunidades defensoras.
Finalmente, instamos a la comunidad defensora de derechos humanos a continuar con su labor legítima y necesaria para continuar en el camino de reconstrucción de un país que en los últimos años ha sido afectado profundamente por la corrupción e impunidad. Reafirmamos que el derecho a defender derechos humanos es, y debe ser, la garantía de un país plenamente democrático.