Lanzamiento de la Política Pública de Protección a personas defensoras de derechos humanos de Guatemala
La política pública de protección a las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala surge como una respuesta a una obligación internacional de no repetición, establecida en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del asesinato del defensor Florentín Gudiel Ramos en 2004 (Caso Gudiel y otros). Esta política refleja el compromiso del Estado guatemalteco de garantizar la protección y seguridad de quienes defienden los derechos humanos en el país.
La historia de Florentín Gudiel, asesinado en 2004, y de su hijo José Miguel, secuestrado en 1983, simboliza el tortuoso camino que enfrentan muchas familias guatemaltecas afectadas por la violencia y la impunidad. La política busca abordar estas problemáticas mediante un enfoque integral y preventivo, promoviendo la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos.
Proceso de Actualización y Validación
La política fue actualizada y validada a través de un proceso participativo que involucró a la comunidad defensora, personas en el exilio y autoridades indígenas en diversas regiones del país.
El Ministerio de Gobernación fue designado como ente rector, mientras que la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPADEH) asumió la coordinación de las acciones. La política contempla 52 líneas de acción dirigidas a fortalecer la protección y garantizar el acceso a la justicia y la reparación digna.
Fundamentos y Estructura de la Política
La política se sustenta en tres pilares fundamentales:
- Mecanismos de prevención de riesgos y amenazas.
- Sistema integral de protección.
- Fortalecimiento de la coordinación institucional para el acceso a la justicia y la reparación digna.
Presentación y Contexto
La presentación oficial de la política tuvo lugar el 13 de noviembre de 2025, con la participación de instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, comunidad internacional y personas defensoras de derechos humanos.
Elvin Díaz, director ejecutivo de COPADEH, resaltó que el proceso de formulación inició en 2016, fue detenido en 2018 debido a un aumento de violencia y un contexto de retroceso, y fue retomado en enero de 2024 por el gobierno de Bernardo Arévalo, tras seis años de estancamiento.
Durante el evento, Díaz afirmó que la política representa un compromiso internacional derivado de la sentencia de la Corte Interamericana, que obliga al Estado a garantizar la no repetición de actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos.
Reconocimientos y Compromisos
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, reconoció la deuda histórica del Estado con quienes defienden derechos humanos y expresó el compromiso de fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad, desde revisar prácticas y formación, promoviendo el respeto, el diálogo y la empatía.
“Nunca más un defensor o defensora deberá temer por su vida, nunca más la voz que denuncia será silenciada, nunca más la búsqueda de la justicia será criminalizada.” Enfatizó, Villeda.
Makrina Gudiel Álvarez, peticionaria en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Makrina Gudiel, destacó que la política es una acción simbólica de cumplimiento de la sentencia de 2014, que ordenó su creación como medida de no repetición para prevenir actos de violencia.
El proceso de la política se basa en un largo esfuerzo de construcción y reconocimiento de la figura de “persona defensora de derechos humanos”, con referencia a la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de 2018 y la promoción del derecho a defender derechos humanos por parte de UDEFEGUA a través de la Escuela Florentín Gudiel.
Resaltó la importancia de la auditoría social y la participación de redes y organizaciones en la vigilancia del cumplimiento de los indicadores establecidos en la política. Así como el compromiso de su familia y UDEFEGUA para la observancia y exigencia de cumplimiento del mecanismo de protección.
Enfoque en Mujeres y Pueblos Indígenas
La difusión de la política prioriza a las mujeres defensoras, especialmente las indígenas, abordando las condiciones estructurales que afectan sus derechos. La implementación de mecanismos de protección representa un avance significativo, aunque requiere esfuerzos continuos para fortalecer la independencia judicial y desmontar la criminalización contra periodistas y personas defensoras.
Makrina Gudiel rindió homenaje a su padre, Florentín Gudiel, y a su hermano José Miguel, destacando la importancia de seguir luchando por la justicia y la protección de los derechos humanos en Guatemala.
“Hoy la Comunidad Defensora de Derechos Humanos, autoridades ancestrales y funcionarios y funcionarias éticas y humanos reciben el fruto de tu trabajo y caminamos juntas y seguramente seguiremos trazando lazos de unidad y acción para que estos hechos de violencia no se vuelvan a repetir.” Makrina Gudiel.
Mira el video de la presentación aquí
Rol de la Sociedad Civil y Autoridades
Brenda Lucía Guillén Lemus, coordinadora de UDEFEGUA, resaltó la relevancia del trabajo de las personas, organizaciones y comunidades defensoras en una democracia real.
Denunció el contexto actual de amenazas, intimidaciones y violencia por parte de actores políticos, económicos, militares y del crimen organizado. Guillén Lemus subrayó que la publicación de la política es solo el primer paso y que el camino por recorrer es largo, por lo que exhortó al presidente a continuar trabajando para garantizar los derechos y la protección de las personas defensoras.
“Señor presidente, la publicación de esta política es un primer paso, el camino es largo y le exhortamos a que siga caminando para que los derechos humanos de todas y todos sean una garantía y la protección de quienes defienden esos derechos sea una realidad.”
Guillén agradeció la confianza depositada por la familia Gudiel Álvarez en UDEFEGUA para acompañarles, reconoce la lucha y los aportes de otras personas defensoras como Claudia Samayoa, Ruth del Valle y Jorge Santos durante este proceso.
Concluyó exhortando al presidente a continuar su labor, y como representante de UDEFEGUA manifiesta su compromiso de acompañar a las instituciones en la implementación de la política para que se traduzca en una reducción de agresiones.
Compromiso del Gobierno
El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la violencia y la represión persisten en Guatemala, y que existe una relación entre la cooptación institucional y el aumento de casos de criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.
“Es evidente que hay una correlación directa entre el proceso de cooptación institucional y el aumento de casos de criminalización de personas defensoras de derechos humanos…”
Ante las estadísticas alarmantes de agresión, registradas en el 2023. Reconoció que el Estado está en disputa y prometió que su gobierno actuará para proteger a las personas defensoras y garantizar la justicia.
Finalizó asegurando que la voluntad política del gobierno no se limita a la publicación de la política, sino que se traducirá en acciones concretas para fortalecer la protección de los derechos humanos en el país. Expresó su respeto y admiración a todos los DDH y prometiendo que su gobierno nunca les agredirá y luchará junto a ellas y ellos.
“Que quede claro, la voluntad política de este gobierno no se agota con la publicación de esta política, se traslada a la acción efectiva de los defensores…”