La consolidación autoritaria y el aumento de agresiones contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala -UDEFEGUA- manifiesta su preocupación por el incremento de agresiones contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, durante el presente año. La UDEFEGUA durante 20 años ha registrado y documentado la violencia que se produce contra aquellas y aquellos que defienden derechos humanos en el país y de tal cuenta hemos documentado y registrado un total de 1,004 casos de agresiones en el periodo de enero al 15 de diciembre de 2020.
 
Fue durante el año 2014 que la UDEFEGUA documentó la mayor cantidad de agresiones contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, al registrar un total de 820 hechos de violencia; sin embargo, a 15 días de terminar el 2020, esta cifra ha sido superada en 184 casos más que en aquel trágico año.   Esta violencia se ha gestado en un año marcado por cambio de gobierno y por el impacto de la Pandemia SARS-COVID19 en el país.  Aún y cuando el comportamiento estadístico nos indicaba que el primer año de gobierno de los diferentes presidentes desde el 2000 a la fecha, disminuían considerablemente los hechos de violencia contra la comunidad que defiende derechos humanos, este año ha sido todo lo contrario.  El Gobierno de Alejandro Giammattei ha impulsado la consolidación del autoritarismo y el cierre de espacios de participación democrática; con ello implemento una política represiva en contra de todas aquellas personas que se oponen a sus intereses.
 
Prácticamente, el actual Gobierno ha desmantelado toda la institucionalidad de la paz, los derechos humanos, así como los pocos y débiles mecanismos de protección existentes.  A su vez, y contrario a toda lógica, la Pandemia y la fracasada respuesta gubernamental de atención a la misma, hubiese significado un decrecimiento importante en la violencia; sin embargo, la documentación y registro de agresiones, da cuenta de que este período fue utilizado para reprimir, violentar y/o agredir a quienes defienden derechos humanos en el país.
 

De la totalidad de 1,004 casos de agresión, el 33.66% (338) se registraron contra defensoras de derechos humanos, el 52.87% (530) contra defensores y el 13.54% (136) contra colectivos, organizaciones y/o comunidades.  De la totalidad, la UDEFEGUA lamenta 15 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos, así como 22 intentos de asesinato y denuncia una estrategia de criminalización, en la medida que se registro un total de 313 actos de esta. 

 
También denunciamos, la represión, abuso de autoridad, brutalidad policial y criminalización del derecho de reunión y manifestación pacífica ejercida por la población, que cansada de la corrupción e impunidad y agobiada por la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a derechos humanos vitales como la alimentación o vivienda, han salido a demandar la transformación del sistema que posibilita estos trágicos fenómenos. 
 
Los departamentos con mayor registro de violencia contra personas defensoras de derechos humanos son: Guatemala, Izabal, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá y Chiquimula.
 
Es por ello que la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala -UDEFEGUA- demanda:
 

1. Del Gobierno de la República el cese inmediato de la política de represión, violencia y criminalización contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, lo cual incluye la destitución de los responsables del Ministerio de Gobernación, en particular el ministro Gendry Reyes y el Viceministro de Seguridad.
   
2. Del Ministerio Público la aplicación de la Instrucción General 05-2018 Protocolo para Investigar Delitos Cometidos contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, proceder a la investigación y persecución penal contra las y los responsables de las agresiones contra quienes defienden derechos y libertades fundamentales de la población guatemalteca.   Así mismo, detener la estrategia de criminalización tanto contra personas que defienden el territorio como contra operadores de justicia.
   
3. Retomar los espacios de articulación entre el Estado y Sociedad Civil para garantizar un esquema de protección para todas las personas que defienden derechos humanos en el país. Especialmente retomar el proceso de elaboración de la Política Pública Para la Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
   
4. A la Comunidad Internacional aumentar la observación, documentación de estos hechos, así como la denuncia y demanda hacia el Estado guatemalteco a cesar la violencia y disminuir la impunidad sobre los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos.

 
Guatemala, 17 de diciembre de 2020.